Existe una violencia manifiesta. Es aquella que se aprecia rápidamente, por sus efectos visiblemente dramáticos y está asociada a la inseguridad. De ella, los medios de difusión opositores hacen comidilla morbosa. Genera alarmas en las instituciones revolucionarias y motiva la mayoría de las iniciativas de prevención y de las acciones policiales. Pero la inseguridad no es más que la expresión superficial de otro tipo de violencia que subyace.
A lo largo de nuestro proceso de socialización, es decir, a lo largo de nuestra trayectoria de vida por la escuela, la iglesia, la familia y el ámbito laboral, queda internalizada una violencia, que toleramos muy bien y que incluso consideramos conveniente.
Esta deformación aceptada de la vida cotidiana, es el origen de la llamada inseguridad y que sustenta al sistema capitalista y lo legitima. Es lo que algunos teóricos han definido como violencia estructural*. Aunque nos resulte difícil de imaginar y aceptar, llamemos a la violencia estructural con una sola palabra: robo.
El robo de tiempo vital, el robo de oportunidades para desarrollar nuestras potencialidades y el robo del tiempo que no podemos usar para amar, es aprovechado por los millonarios para aumentar su fortuna o lo que es lo mismo, este robo es imprescindible para que el sistema capitalista funcione.
Esta violencia socialmente aceptada se expresa diariamente y no las tenemos concientizada como un agravio, pues no necesariamente implican una agresión verbal o física directa. Tiene métodos sofisticados de acción.
Los valores que traduce el sistema rezan más o menos así: “Yo oligarca, tengo derechos. Mis derechos incluyen el de la propiedad privada, el de poder acumular dinero y el resguardo armado de los dos anteriores. Para ello dispongo de policías o vigilantes. Necesito vigilancia permanente. Tengo derechos y el Estado debe garantizármelos. Si me preguntan de qué o de quién tengo que cuidarme, les respondo que de un montón de resentidos que nunca han trabajado y que quieren quitarme lo que con mi esfuerzo y mis méritos he ganado. La urbanización donde vivo y los centros comerciales que frecuento, deben ser espacios sagrados. Allí no debe ingresar nadie que parezca sospechoso, o sea, debe haber derecho de admisión”.
Del otro lado de la acera tendríamos: “Yo nací pobre. Vivo en un barrio y la violencia diaria es mi forma de vida. La pelea comienza cada día hasta para montarme en el transporte. Uno está marcado desde que nace. Veo como viven los ricos y me siento menos”. La inseguridad en los barrios es el status quo que les corresponde por ser pobres. Padecen de forma cruda y permanente la llamada violencia estructural capitalista.
A grandes rasgos vemos como el problema de la inseguridad es producto de una sociedad donde hay lucha de clases.
Una clase tiene derechos de propiedad y de ejercer la fuerza, de admitir o no personas en sus estrechos territorios. Tienen la capacidad de discriminar y segregar. Antes de la llegada de la Revolución, tenían el Estado, las policías estadales, las municipales, y si esto no era suficiente para levantar el cerco social, aún podían costear vigilantes privados armados.
La otra clase social, la de los excluidos, está hacinada, lucha por su supervivencia diaria, está intelectualmente limitada y no vislumbra la posibilidad de organizarse verdaderamente como clase.
Ambas clases son producto del capitalismo y ambas son egoístas, esa es la ética hegemónica, la que guía a la sociedad. Ambas tienen el sentimiento que la vida no vale nada, si no es para tener, para poseer cosas y dinero.
La diferencia entre ellas radica en que los métodos para llegar al becerro de oro, para los primeros son formas legales o lícitas y para los segundos son ilícitas fruto de la violencia que ejercen por salir de su miseria.
La oligarquía y sus representantes conocen de este robo de grandes magnitudes y saben que solo un cambio completo del sistema social pondrá fin a las formas criminales de la violencia. El resentimiento acumulado por cientos de años no puede ser contenido con meras acciones policiales.
Ese resentimiento tiene su origen en la segregación socialmente aceptada y los oligarcas lo saben. Así vemos como el Padre Luis Ugalde, activista político, columnista del diario El Nacional y ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en el año 1993, en el prólogo del libro titulado La violencia en Venezuela**, resume en una corta frase todo lo que venimos explicando anteriormente: “…Es la sociedad toda la que produce la violencia cotidiana y solo una acción que confluya desde diversos frentes puede producir cierta eficacia en las soluciones”…
Sin embargo, hoy día la iglesia católica combate la Revolución en su intento de cambiar esa sociedad.
En ese mismo texto Luis Pedro España, Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, articulista del diario El Mundo e invitado frecuente del canal de televisión Globovisión, concluye lo siguiente: “…Es en la vida cotidiana donde la violencia se refleja pero no donde se origina. Por lo tanto la mayor magnitud de la violencia no se encuentra allí donde se muestra o manifiesta, sino en la vida social…la violencia en Venezuela terminaría residiendo en las estructuras sociales…es el propio ordenamiento del orden social el que genera violencia. Son las relaciones económicas injustas las originantes de la violencia”…
Entonces, la intectualidad de la derecha, estudiosos de la materia, conocedores del sistema, concientes del robo de magnitudes sociales, saben que no es cierto que este gobierno sea el causante de la inseguridad.
Hoy día, 17 años después de aquellas conclusiones, Enrique Ochoa Antich, militante del partido socialdemócrata de oposición en Un Nuevo Tiempo y perteneciente al bloque opositor aspirante a la Asamblea Nacional en Septiembre del 2010, propone como solución al problema de la inseguridad lo siguiente: “…Se requiere, un proyecto de coordinación nacional de los cuerpos de seguridad del Estado…un proyecto legal que incluya a la Policía Nacional, a todas las policías nacionales, estadales y municipales, y a la Fuerza Armada”…
De esta forma la oposición, con la excusa de que hay que detener la inseguridad, daría paso al fascismo, al redoblamiento de la fuerza contra los oprimidos y borrarían todo rastro de Revolución. Soterradamente proponen una operación Cóndor. Sin embargo, para mantenerse en el marco de la falsa democracia, con la cual han llamado a la Mesa Unitaria, y buscando a los conciliadores, Ochoa Antich también señala: “…la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe proponerle al PSUV discutir una acción legislativa común desde ya en la nueva Asamblea Nacional en contra de la inseguridad”...
En este punto, ya hemos identificado el origen de la inseguridad, lo conoce la derecha y a pesar de ello, nos lanzan el anzuelo de las medidas policiales.
Ahora bien, ¿dónde esta el punto de quiebre del flagelo? ¿cuáles son las nuevas responsabilidades que debemos asumir los revolucionarios?
Lo primero que debemos hacer es admitir que la Revolución ha hecho grandes esfuerzos en materia de educación, salud, seguridad social y alimentación para los desposeídos: se saldó parte de la deuda social. Por otro lado, en su carácter humanista, la Revolución disminuyó sustancialmente, las medidas represivas que se aplicaban en la 4ta república. La Guardia Nacional y las policías, adquirieron un nuevo rol, se relajaron los mecanismos de contención de los oprimidos. Ambas medidas, saldar la deuda social y el cambio de rol de las fuerzas represivas del Estado, fueron acertadas en la búsqueda de una nueva sociedad.
Entonces, ¿qué pieza nos está faltando? Es aquí donde entra en escena la ética Socialista. Las formas económicas tal como lo denuncia España más arriba, deben cambiarse.
Los oprimidos reciben los beneficios de la Revolución, la renta petrolera los atiende, pero aún necesitan devolverle a la sociedad su contribución individual a través del trabajo social. Y este trabajo solo es posible en aquellos sitios que pertenezcan a la sociedad toda y que sean administrados por el Estado.
De no ser así, el excluido recibe el beneficio del Estado Revolucionario, pero sigue trabajando para el millonario o el aspirante a millonario. Continúa el robo, la violencia estructural, el resentimiento. De no cambiarse el sistema económico egoísta, el excluido mantendrá la relación de reclamo permanente con el Estado, pero se seguirá sintiéndose marginado.
La Revolución debe retomar el sentido de pertenencia social de los excluidos a través del trabajo, así la vida tendrá otro sentido, en vez de tener, será imprescindible dar. Allí radica la importancia de que no solo las empresas primarias estén en manos del Estado, sino que también aquellas que son capaces de producir empleo, es decir, las empresas intermedias.
Finalmente, es importante que los símbolos de poder del Estado Revolucionario se apertrechen bajo un aura de austeridad, dar el ejemplo. De esta forma los emblemas a imitar serán otros, las aspiraciones serán modificadas. La inseguridad disminuirá.
Fuentes:
*Macgregor, Felipe y Rubio, Marcial, Documento teórico sobre violencia estructural (1989), Lima.
**Ugalde Luis, La violencia en Venezuela (1993). Monte Avila Editores Latinoamericana UCAB, Caracas.
